El miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional Oliver North y su secretaria, Fawn Hall, comienzan a triturar documentos que habrían expuesto su participación en una serie de actividades ilegales relacionadas con la venta de armas a Irán y el desvío de las ganancias a un grupo rebelde nicaragüense. El 25 de noviembre, North fue despedido, pero Hall continuó escamoteando documentos metiéndolos en su falda y en sus botas. El escándalo Irán-Contra, como llegó a conocerse, se convirtió en un bochorno y en un pegajoso problema legal para la administración Reagan.

Sólo seis años antes, Irán se había convertido en enemigo de Estados Unidos tras la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. En aquel momento, Ronald Reagan había insistido repetidamente en que Estados Unidos nunca trataría con terroristas. Cuando salió a la luz la revelación de que sus altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional habían comenzado a vender armas a Irán, fue un desastre de relaciones públicas.

Durante las audiencias televisadas de Irán-Contra, el público se enteró de que el dinero recibido por las armas fue enviado para apoyar a los Contras en Nicaragua, a pesar de la Enmienda Boland del Congreso, que prohibía expresamente la ayuda estadounidense a los Contras. Aunque los sandinistas comunistas habían sido elegidos legítimamente en Nicaragua, la administración Reagan trató de derrocarlos apoyando a los Contras, un grupo anticomunista.

Durante las audiencias de Irán-Contra, North afirmó que toda la administración Reagan había conocido el plan ilegal. Tras admitir que había mentido al Congreso, fue condenado por destrucción de documentos, obstrucción a la justicia y por recibir ilegalmente una valla de seguridad para su propia residencia. Recibió una sentencia leve de una multa, libertad condicional y servicios comunitarios.

Un año más tarde, en julio de 1990, un tribunal de apelación votó 2-1 para anular su condena basándose en la posibilidad de que algunas de las pruebas pudieran proceder de testimonios que el Congreso había inmunizado en sus propias audiencias sobre el asunto. El presidente Reagan y el vicepresidente George Bush mantuvieron que no tenían conocimiento de la trama.