El Departamento de Justicia anunció hoy que Advanced Pain Management Holdings Inc. (APMH), sus filiales de propiedad absoluta, APM Wisconsin MSO («APM MSO») y Advanced Pain Management LLC (APM LLC); y Advanced Pain Management S.C. (APMSC) (colectivamente las «Entidades APM») han acordado pagar 885.452 dólares para resolver las reclamaciones de que violaron la Ley de Reclamaciones Falsas mediante el pago de sobornos y la realización de pruebas de laboratorio médicamente innecesarias. Las Entidades APM tienen su sede en el área de Milwaukee, Wisconsin.

«Los proveedores de atención sanitaria deben hacer recomendaciones sobre la salud de sus pacientes sin respetar sus propios intereses financieros», dijo el fiscal general adjunto en funciones Jeffrey Bossert Clark, de la División Civil del Departamento de Justicia. «Seguiremos haciendo nuestra parte para proteger a los beneficiarios de los programas federales de atención sanitaria y a los contribuyentes estadounidenses de la influencia corruptora de las comisiones ilegales diseñadas para socavar la imparcialidad y la integridad de la toma de decisiones de los médicos»

«Los acuerdos financieros perseguidos por APMH incentivaron erróneamente a los médicos a tomar decisiones médicas basadas en sus propios intereses financieros, en lugar de los intereses de sus pacientes», dijo el fiscal federal Matthew D. Krueger para el Distrito Este de Wisconsin. «Medicare y Medicaid sólo pagan por los procedimientos y pruebas que son médicamente necesarios y no están contaminados por las comisiones ilegales. Este acuerdo refleja los esfuerzos continuos de nuestra oficina para combatir las violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas y los acuerdos indebidos bajo el Estatuto Antisoborno.»

«Es imperativo que el público tenga fe y confianza en que las decisiones tomadas por los proveedores médicos se basan en los mejores intereses de sus pacientes», dijo Lamont Pugh III, Agente Especial a cargo, Departamento de Salud de los Estados Unidos & Servicios Humanos, Oficina del Inspector General – Región de Chicago. «El espectro de un pago de una coima en cualquier forma o manera disminuye esa fe y la confianza y puede conducir al pago indebido y el desperdicio de los limitados dólares de los contribuyentes. La OIG continuará trabajando con nuestros socios de investigación para garantizar la integridad continua de los programas de atención sanitaria financiados por el gobierno federal.»

Los Estados Unidos alegaron que APMH regaló indebidamente acciones de incentivo a médicos no empleados de APMSC que realizaban procedimientos de gestión del dolor en los centros quirúrgicos ambulatorios de APMH. Las acciones de incentivo debían canjearse en caso de venta de APMH y dependían de la rentabilidad de APMH, que estaba determinada en gran medida por las derivaciones de los médicos no empleados. Las acciones de incentivo se dieron supuestamente como recompensa por las derivaciones pasadas y previstas a los centros de servicios ambulatorios de APMH.

Estados Unidos sostuvo además que APMH pagaba a los médicos no empleados de APMSC para que actuaran como directores médicos de una manera que estaba vinculada al volumen de procedimientos en los centros de cirugía ambulatoria de APMH. No había acuerdos escritos que documentaran los servicios que debían prestar los directores médicos, y no se les exigía que registraran o informaran de ninguna función de director médico.

La Ley Antisoborno prohíbe ofrecer, pagar, solicitar o recibir remuneración para inducir la derivación de artículos o servicios cubiertos por programas financiados con fondos federales. La Ley Antisoborno tiene por objeto garantizar que el juicio médico de un médico no se vea comprometido por incentivos financieros indebidos y se base, en cambio, en el interés superior del paciente.

Los Estados Unidos alegaron que las Entidades APM realizaron pruebas de confirmación de drogas en orina que eran médicamente innecesarias. Para ciertas reclamaciones, los proveedores supuestamente no personalizaron las órdenes de pruebas de drogas de orina confirmatorias basadas en la evaluación de riesgo individualizada de cada paciente y en las circunstancias, lo que dio lugar a un nivel de pruebas más alto que el respaldado por el registro médico. Las Entidades APM revelaron estas reclamaciones de pruebas de drogas en orina indebidas al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El acuerdo resuelve las alegaciones presentadas originalmente en una demanda interpuesta por un denunciante en virtud de las disposiciones qui tam de la Ley de Reclamaciones Falsas, que permiten a las partes privadas presentar una demanda en nombre del gobierno y compartir cualquier recuperación. La denunciante recibirá 142.152 dólares como su parte de la recuperación federal en este caso.

El acuerdo de las Entidades APM con los Estados Unidos se basa en su capacidad de pago, y es parte de un acuerdo más amplio que también resuelve varias reclamaciones de la ley estatal.

El caso fue gestionado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin con la asistencia de la División Civil del Departamento de Justicia, y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

La demanda se titula United States, et al. ex rel. Hedstrom v. Advanced Pain Mgmt., et al., Case No. 13-C-556 (E.D. Wisc.). Las reclamaciones resueltas por este acuerdo son sólo alegaciones, y no se ha determinado la responsabilidad.