¿Se debe considerar la asistencia sanitaria como un derecho?

Al examinar el concepto de asistencia sanitaria como un «derecho», se puede considerar como un derecho legal o moral. Pocos se opondrían a la propuesta de que la asistencia sanitaria accesible para todos es en esencia un derecho moral,8 sin embargo, menos opinarían que es un derecho universal. En el período previo a las elecciones presidenciales de 2008, cuando se le preguntó si la asistencia sanitaria era un derecho, un privilegio o una responsabilidad, el entonces senador Obama afirmó que la asistencia sanitaria debería ser un derecho. En su argumentación, Obama citó el caso de la lucha de su madre contra el cáncer, y sugirió que había una injusticia fundamental en que un país no diera derecho a sus enfermos a la asistencia sanitaria por no poder pagarla.1 Se prevé que la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, de la que se habló en la campaña presidencial de 2012, reduzca sustancialmente el número de personas sin seguro médico en cada edad, grupo de ingresos y estado, y que, por tanto, aumente el acceso a la asistencia.9

Un sistema que distribuye la asistencia sanitaria de forma desigual, sobre la base de cualquier factor determinante que no sea la necesidad, plantea numerosos interrogantes sobre la ética de ese sistema. En una sociedad en la que existe disparidad en el nivel de atención o en el acceso a la misma, inevitablemente habrá personas que no reciban la atención que necesitan desesperadamente. El hecho de no acceder a la asistencia en una fase temprana conducirá, sin duda, a que los individuos consuman una mayor proporción de recursos sanitarios, en caso de que el grado de su morbilidad aumente, y, por lo tanto, a que se incremente la carga de la prestación sanitaria.10

Algunos pueden sugerir que la consagración de la asistencia sanitaria como un derecho en la ley puede conducir a la sobreutilización de los recursos sanitarios,11 sin embargo, el consumo de estos recursos no se traduce en una ganancia fiscal o mensurable de otro modo para el individuo que los busca. Sin embargo, se podría argumentar que puede haber una satisfacción personal en la sobreutilización. La asistencia sanitaria es un requisito esencial para el bienestar, que confiere a uno la capacidad de realizar otras actividades; es, por tanto, una condición sobre la que se determinan muchos otros factores.

Otra dificultad fundamental para considerar la asistencia sanitaria como un derecho es que este derecho, a diferencia de muchos otros, depende de los recursos de una sociedad,12 y de la capacidad de satisfacer las demandas de la población sin disparidad en la distribución y asignación de la asistencia médica. Como tal, incluso si este derecho se defendiera universalmente, seguiría existiendo un abismo en la prestación de asistencia a las personas entre las distintas sociedades. Para hacer frente a este aparente abismo debemos evaluar qué constituye exactamente un sistema justo de distribución.13 Se podría considerar el establecimiento de un nivel mínimo de prestación de asistencia sanitaria.10 Sin embargo, dado que las necesidades sanitarias de las diferentes comunidades y grupos vulnerables varían, definir este nivel mínimo es un reto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social».14 La asistencia sanitaria, a su vez, puede describirse como la prestación de los servicios necesarios para tratar las enfermedades y promover la salud. Varias líneas de evidencia política apoyan el concepto de la asistencia sanitaria como un derecho:

En primer lugar, en 1943, el presidente Roosevelt propuso una «Segunda Carta de Derechos» que incluía: «El derecho a una atención médica adecuada y a la oportunidad de alcanzar y disfrutar de una buena salud».15

En segundo lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos publicada por las Naciones Unidas establecía: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar… incluyendo… la asistencia médica».16

En tercer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmado por EEUU en 1977) establecía que es «el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental» además de: «la creación de condiciones que aseguren a todos la prestación de servicios médicos».17

La utilidad de estas declaraciones se ve mermada por la definición poco clara de la asistencia sanitaria, que podría incluir una amplia gama de cuestiones sociales, económicas, organizativas y científicas, lo que dificulta la asignación de responsabilidades.18 Además, la consecución y el disfrute de una buena salud por parte de todos puede percibirse como una aspiración poco realista en el contexto actual de austeridad económica, aumento de los costes sanitarios y envejecimiento de la población.

Los marcos éticos apoyan aún más la noción de la asistencia sanitaria como un derecho humano; Peter Singer adopta un punto de vista utilitario -el mayor bien para el mayor número-, argumentando que:

i)

Sufrir la falta de asistencia médica es perjudicial.

• ii)

  Si está en nuestra mano evitar que ocurra algo perjudicial, sin sacrificar nada casi tan importante, es un error no hacerlo.

• iii)

  Mejorando la asistencia sanitaria, se puede evitar el sufrimiento sin hacer pérdidas personales importantes.

• iv)

  Por tanto, al no mejorar la asistencia sanitaria, y en cierta medida, al no introducir la asistencia sanitaria como un derecho, estamos haciendo algo mal.19,20

Esto tiene sus limitaciones: se aplica a las acciones individuales y no al cambio gubernamental. Además, asume que la atención sanitaria puede mejorarse sin pérdidas personales significativas, cuando en realidad la introducción de, por ejemplo, la PPACA ha sido estimada por algunos como un coste significativo para los EE.UU., por no hablar de la implementación de la atención universal.21

Otro marco de apoyo es el Enfoque de las Capacidades,22 según el cual la atención sanitaria es fundamental para la capacidad de una persona de llevar a cabo todos los demás derechos individuales, lo que la convierte en algo de importancia primordial. Sin embargo, se podría argumentar que, aunque las personas necesiten atención sanitaria, alimentos y vivienda, esto no obliga necesariamente a otros a poner a su disposición dichas provisiones.18 Los alimentos, por ejemplo, no se consideran un derecho; se permite a las empresas venderlos, y se pueden negar a quienes no pueden pagarlos.

La dificultad de introducir la atención sanitaria como un derecho también radica en el hecho de que los cuidados, a diferencia de otros bienes, no pueden cuantificarse simplemente y asignarse por igual a los miembros de una sociedad. Así, llega un punto en el que la falta de responsabilidad de una persona debe compensarse con un aumento de otra, en el que los sanos pagan por los insanos.

Encontramos, por tanto, que la cuestión de si la asistencia sanitaria debe ofrecerse como un derecho es compleja, con tensiones éticas, judiciales y financieras.